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A lo largo de la semana que viene podemos esperar algo más
de información por parte de los medios, aunque llama poderosamente la atención
que no hayan hecho ningún tipo de mención a un tema que tiene a miles de
familias contra las cuerdas. Por el momento eldiario.es ha explicado que el coste
de la privatización ascenderá a 3`5 millones de euros y se pagará nada más ni nada
menos que 20 euros por expediente tramitado. También especula con que los
efectos todavía tardarán en hacerse notar hasta principios del 2014.
Lo que sabemos de
primera mano hasta ahora es que ya se ha iniciado el traspaso de los expedientes
a una empresa privada (Tragsa). La fecha a la que corresponden los expedientes
enviados depende del retraso de cada lugar.
En las propias unidades provinciales aseguran que una vez
están los expedientes en la empresa ya no pueden ofrecer ningún tipo de
información hasta que los devuelvan ya tramitados, lo que provocará que aumente
la confusión de todos los que están esperando sus ingresos.
Por supuesto, al no haber ningún tipo de comunicado oficial
no conocemos qué impacto previsto tendrá esta polémica medida ni cómo encaja
con el recién aumento de las plantillas en las oficinas. Todo parece indicar
que este refuerzo simplemente irá destinado a preparar el envió de los miles de
expedientes. Esta información es sumamente importante ya que sería muy tranquilizador conocer en qué grado
se van a reducir los tiempos de espera, tanto en obtener resolución como en
tener el dinero ingresado.
Uno de los posibles problemas de esta privatización, como ya hemos comentado en varios ocasiones, es que puede darse el caso de que expedientes nuevos se resuelvan antes que los antiguos, aunque como siempre tendremos que esperar acontecimientos.
En todo caso, quedamos a la espera de más noticias, especialmente de fuentes oficiales que aporten una mayor claridad a para tranquilidad de los afectados.
