El motivo es que dichos funcionarios estarán destinados a
asistir a procesos judiciales, de forma que la plantilla que gestiona los
expedientes se queda como está. El
Gobierno mantiene que la saturación es coyuntural por lo que no puede
incorporar de forma indefinida funcionarios a la plantilla.
Muy buen razonamiento, teniendo en cuenta que la situación
coyuntural que afrontan todos los afectados por los retrasos del FOGAGA puede
dejarlos en la ruina o viviendo del aire por no tener ningún tipo de ingreso.
El Gobierno se desentiende de todos estos afectados y la única medida que va a
tomar es privatizar la gestión de los expedientes atrasados, para que una
empresa privada saque su parte (se especula con que pueda ser la empresa KPMG)..
Por supuesto siguen habiendo dudas sobre el asunto de la
privatización, otro de los posibles problemas además de los que comentamos en
anteriores entradas será el orden en que se atiendan los expedientes tras la
privatización. Como podemos leer en eldiario.es
“si una empresa acelerara la aprobación de los expedientes
acumulados, el personal ordinario del Fogasa se dedicaría a tramitar los casos
que les llegaran día a día. Esto podría dar lugar a que una persona que reclame
el pago de su indemnización o de algunos salarios en septiembre de este año
cobre antes que alguien que lleva esperando su cobro más de un año. Los
sindicatos recelan también de que una empresa privada acceda a datos personales
de trabajadores y de otras empresas.”
Como vemos, nos encontramos con un despropósito tras otro,
que añade más incertidumbre si cabe a todos los afectados que ya llevan largo tiempo esperando noticias
positivas del FOGASA.
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