Imputado por prevalicación el secretario general de FOGASA.

jueves, 9 de enero de 2014

El secretario general del Fondo de Garantía Salarial, Juan Carlos Arce Gómez, deberá acudir el próximo mes de febrero al juzgado de instrucción número 3 de Valencia, al entenderse que es el responsable último de la denegación de la indemnización de diez trabajadores de una pequeñas empresa de manera errónea.

Este juzgado admitió a trámite una querrella criminal por parte de los afectados, que le acusaba de prevalicación de un funcionario público en la resolución equivocada de la adjudicación de una indemnización por parte del FOGASA.

Los trabajadores que trataron de beneficiarse de este fondo habían sido afectados por un ERE en una pequeña empresa debido a las circunstancias económicas, por lo que este organismo debía sufragar parte de su indemnización, pero éste se negó asegurando que ya se habían beneficiado de la ayuda.

En la querella se aseguraba que este hecho sólo tenía el objetivo de tratar de retrasar los pagos y violar los derechos de los trabajadores y no se había tratado de demostrar por parte de FOGASA que se hubieran realizado los pagos que afirmaban haber hecho.

En cuanto el Fondo de Garantía Salarial recibió la noticia corrigió su error y pasó a pagar a los trabajadores la cantidad que les correspondía. Sin embargo, el abogado del caso, Juan Carlos Arce, se niega a retirar la denuncia debido a que tal y como él mismo a ha afirmado: "El delito existe aunque luego se repare en parte el error".

Desde el Ministerio de Empleo han admitido el error pero han defendido a Juan Carlos Arce Gómez, ya que creen que no hay motivaciones personales y se trata de tan sólo una desgraciada equivocación debida a una duplicidad de los expedientes que iba a corregirse sin que fuera necesario llegar a los juzados.

La Asociación por la Defensa de las Libertades y Derechos Sociales y Civiles con la que se ha puesto ya en contacto el abogado Ricardo Cano, lleva en un mes más de 15 denuncias hacia FOGASA por no cumplir el silencio administrativo y el plazo de tres meses, más aún teniendo en cuenta que todo expediente no sea contestado en ese periodo deberá ser considerado como aceptada, siendo la privatización por medio de una filial de Tragsa la principal causa según este ornismo.

2 comentarios

  1. Es una auténtica vergüenza que se trate de retrasar los pagos de esta manera.

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  2. a esta gentuza la pueden imputar lo que quieran se lo pasan por el forro de los huevos
    otra cosa seria si en vez de imputados fueran ejecutados desahucios sobre sus bienes y los de sus testaperros.
    esto no pasaría si en este país cavez que se cambia de gobierno se cuadrara la caja como se debe
    pero claro si yo que entro pienso en hacer lo mismo poco me interesa saber cuanto te as llevado tu
    lo importante es darle al pueblo como ya decían los romanos pan y circo.

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