A día de hoy la información sobre la privatización es
difusa, básicamente se reduce a textos casi idénticos en medios de
comunicación, sobre todo a través de medios digitales.
Llama la atención la casi total ausencia de noticias en
televisión. Teniendo en cuenta que se estiman en más de 150.000 los expedientes
amontonados o que la espera para el cobro pasa del año, debería haber tenido más repercusión en los
medios. Y desgraciadamente muchos de los trabajadores no saben ni
siquiera lo que les espera porque todavía no han empezado el procedimiento, porque
¿cuántos de nosotros imaginábamos que cuándo nos dejaron dinero a deber nos
meteríamos en esta desagradable y casi eterna aventura?
Los datos que tenemos hasta ahora es que el proceso se
inicia el 15 de septiembre con dos planes. Uno será temporal (llamado GRETA),
que es el que más interesa, que estará destinado a desatascar el tapón de
expedientes. El otro (llamado FONO) llegará para quedarse indefinidamente y supondrá la privatización del servicio de
atención telefónica a los pacientes beneficiarios. Habida cuenta de la escasa
información que se puede dar por teléfono sobre los expedientes, llama la
atención que se vaya a privatizar este servicio.
El principal problema será saber cómo se llevará a cabo el
primero de los planes. ¿Se dedicará este nuevo plan únicamente a expedientes
atascados? ¿Perjudicará a los nuevos
expedientes presentados a partir del 15 de septiembre?¿Tendrá una fecha de
finalización cerrada o dejarán que se eternice la resolución de los expedientes
para así exprimir un poco más a la administración?
Por no hablar
de temas legales como el tratamiento de nuestros datos personales por empresas
privadas.
Demasiadas dudas para un asunto tan importante.
Desgraciadamente, si nos fijamos en la realidad, la privatización de un
servicio sólo lleva a empeorar la calidad del mismo y a encarecerlo.
¿No hubiera
sido mejor dedicar los suficientes recursos para atajar la situación antes del
atasco de expedientes? Opciones no faltaban, desde interinos, OPE en
condiciones, trasladar expedientes hasta provincias menos saturadas o hasta
recolocar a personal de empresas públicas que han dejado de tener sentido en
una época de crisis.
Lamentablemente el gobierno es corto de miras, sólo ve el
dinero de los contribuyentes en los bolsillos de la empresa privada, a costa
del bienestar social, que a este paso será sólo para el que pueda pagarlo.
Lo que traera es lo que dices,todo ira a peor. Mas tiempo para cobrar y todo bajo sospecha de empresas privadas.
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