La privatización de la que (casi) nadie habla: prisiones

Se veía venir desde el año pasado, cuando se escucharon los primeros rumores.  Ya en el primer trimestre de este año tuvimos la confirmación y puesta en marcha del programa de privatización. El Gobierno no tenía bastante con las privatizaciones que ya tenía en mente. Habían más oportunidades de negocio a la vista en el sector público.

El sector elegido para tal honor es el penitenciario. Todo comenzó con la noticia de una posible recolocación de escoltas de seguridad para llevar a cabo ciertas funciones de vigilancia en las prisiones, pero como el que no quiere la cosa, también acabaron entrando en el plan los vigilantes de seguridad. En una primera fase, el personal privado se ha destinado a labores de vigilancia del perímetro exterior, función de la que, según la legislación, es responsable la Policía y Guardia Civil. 

Desde el Ministerio del Interior se dejó claro que los vigilantes actuarían siempre como un refuerzo a la labores de los cuerpos de seguridad del Estado, por lo que se dispuso que los vigilantes actuarían como auxiliares, y así se salvó la papeleta.

Realizando una gran labor la Guardia Civil y la Policía en su trabajo, no se acaba de entender la introducción de empresas privadas en estas tareas, ya que la contratación de estos vigilantes (de cuya profesionalidad y valía nadie duda por otra parte) supone un gasto adicional en tiempos en los que las oposiciones ofertan, en el mejor de los casos, un 10% de las bajas, y sólo en ámbitos muy específicos.

Aún así, a día de hoy podemos encontrar seguridad privada en 21 centros penitenciarios. La sospecha general entre funcionarios y sindicatos, es que se trata de un paso intermedio en el cambio de modelo en la gestión del sector penitenciario, hacia otro parecido al de algunas prisiones de los Estados Unidos.

En diciembre se procederá a evaluar este programa piloto, y a partir de ese momento tendremos que esperar acontecimientos. El principal temor de los funcionarios de prisiones, es que la medida se implante también en el interior de las prisiones, lo que afectaría directamente a sus condiciones laborales.

Tal medida, según el Ministerio del Interior, sería consecuencia de la imposibilidad de ofrecer una oferta de empleo público  que aliviara las necesidades de personal, ya que la situación económica no lo permite (resulta curioso que la situación económica sí que permita contratar a más personal para el exterior, pero ese sería otro debate). 

El ya exsecretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa dejó caer lo que podemos esperar para el 2014, ya que nos dio sutiles pistas en forma de comentario desafortunado, al afirmar que la labor de estar mirando un monitor de seguridad la podría llevar a cabo cualquier ciudadano con un mínimo de formación. Todo un piropo a los funcionarios de prisiones que ven cómo se les menosprecia.

En todo caso el guión se vuelve a repetir: dejar languidecer organismos e instituciones públicas al negarles recursos y personal,  provocando graves deficiencias en su funcionamiento. Y una vez tocado fondo, acudir a la empresa privada para que salve la situación…

Lamentablemente, las consecuencias de las posibles privatizaciones las sufriremos en los próximos años.