El sector elegido para tal honor es el penitenciario. Todo
comenzó con la noticia de una posible recolocación de escoltas de seguridad
para llevar a cabo ciertas funciones de vigilancia en las prisiones, pero como
el que no quiere la cosa, también acabaron entrando en el plan los vigilantes
de seguridad. En una primera fase, el personal privado se ha destinado a
labores de vigilancia del perímetro exterior, función de la que, según la
legislación, es responsable la Policía y Guardia Civil.
Desde el Ministerio del Interior se dejó claro que los
vigilantes actuarían siempre como un refuerzo a la labores de los cuerpos de
seguridad del Estado, por lo que se dispuso que los vigilantes actuarían como
auxiliares, y así se salvó la papeleta.
Realizando una gran labor la Guardia Civil y la Policía en
su trabajo, no se acaba de entender la introducción de empresas privadas en
estas tareas, ya que la contratación de estos vigilantes (de cuya
profesionalidad y valía nadie duda por otra parte) supone un gasto adicional en
tiempos en los que las oposiciones ofertan, en el mejor de los casos, un 10% de
las bajas, y sólo en ámbitos muy específicos.
Aún así, a día de hoy podemos encontrar seguridad privada en
21 centros penitenciarios. La sospecha general entre funcionarios y sindicatos,
es que se trata de un paso intermedio en el cambio de modelo en la gestión del
sector penitenciario, hacia otro parecido al de algunas prisiones de los
Estados Unidos.
En diciembre se procederá a evaluar este programa piloto, y
a partir de ese momento tendremos que esperar acontecimientos. El principal
temor de los funcionarios de prisiones, es que la medida se implante también en
el interior de las prisiones, lo que afectaría directamente a sus condiciones
laborales.
Tal medida, según el Ministerio del Interior, sería consecuencia
de la imposibilidad de ofrecer una oferta de empleo público que aliviara las necesidades de personal, ya
que la situación económica no lo permite (resulta curioso que la situación económica
sí que permita contratar a más personal para el exterior, pero ese sería otro
debate).
El ya exsecretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa dejó
caer lo que podemos esperar para el 2014, ya que nos dio sutiles pistas en
forma de comentario desafortunado, al afirmar que la labor de estar mirando un
monitor de seguridad la podría llevar a cabo cualquier ciudadano con un mínimo
de formación. Todo un piropo a los funcionarios de prisiones que ven cómo se
les menosprecia.
En todo caso el guión se vuelve a repetir: dejar languidecer
organismos e instituciones públicas al negarles recursos y personal, provocando graves deficiencias en su
funcionamiento. Y una vez tocado fondo, acudir a la empresa privada para que
salve la situación…
Lamentablemente, las consecuencias de las posibles
privatizaciones las sufriremos en los próximos años.
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